Un nuevo informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo, elaborado por la CChC, establece que la inversión en infraestructura en Chile para el período 2018-2027 debiera ser de US$ 174.505 millones en 14 sectores diferentes. Más allá de las cifras, el estudio resalta la necesidad de potenciar la alianza público-privada y de generar más y mejores proyectos para responder a las necesidades del país.
Por Jorge Velasco Cruz
El martes 19 de junio la CChC dio a conocer una nueva edición del informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo” (ICD), el cual estimó en US$ 174.505 millones las necesidades de inversión en infraestructura en Chile para el período 2018-2027.
El ICD es una contribución que el gremio realiza cada dos años a la discusión de políticas públicas en infraestructura. El estudio analiza las necesidades de Chile en esta materia para cada decenio a partir de su publicación y establece un estado deseado en relación al nivel de desarrollo que espera alcanzar el país en dicho período. Con este fin, determina las brechas que se deben cerrar, estimando las inversiones necesarias para lograr los objetivos.
En la presentación de este informe, a la que asistieron parlamentarios y representantes del gremio de la construcción, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, señaló que “las obras públicas son un motor del crecimiento de la capacidad productiva. Cuando están bien evaluadas y ejecutadas, elevan la productividad de la economía, porque nos acercan entre nosotros y nos conectan mejor al mundo. Mejoran la competitividad de las personas y de las empresas al interior del país y del comercio exterior. Una infraestructura insuficiente, en muchos aspectos equivale a una muralla arancelaria alta, que inhibe la competencia y ampara ineficiencias”.
Infraestructura Estratégica
El ICD es elaborado desde 2002 por la Gerencia de Estudios de la CChC y con el aporte de consultores externos, bajo la supervisión de la Comisión de Infraestructura de la CChC. En esta edición analiza 13 sectores estratégicos, distribuidos en tres áreas: infraestructura basal (recursos hídricos, energía, telecomunicaciones), infraestructura productiva (vialidad interurbana, vialidad urbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, logística) e infraestructura social (espacios públicos, hospitales, cárceles, educación).
En esta ocasión contiene, además, un apartado sobre resiliencia, que analiza los principales aspectos para prevenir y mitigar el impacto de desastres naturales. “Nuestro país tiene condiciones geográficas que lo hacen estar permanentemente expuesto a los embates de la naturaleza. Por ello, y por las graves consecuencias que suelen acarrear en términos materiales y humanos, es que quisimos hacer este aporte”, señaló Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC, durante la presentación del informe.
Entre los sectores que exhiben un mejor panorama en cuanto a las necesidades de inversión destacan energía y telecomunicaciones. La actual capacidad instalada y los proyectos en carpeta del primero de ellos, hacen que no sea necesario desarrollar nuevas obras de generación y transmisión eléctrica en el próximo decenio. Sin embargo, se debe mejorar la distribución para garantizar un abastecimiento estable, seguro y eficiente. La inversión necesaria es de US$ 8.959 millones.
En tanto, en telecomunicaciones Chile presenta altas tasas de cobertura en banda ancha fija y móvil. A pesar de ser de las mayores de América Latina, todavía está por debajo de los valores de la OCDE y presenta deficiencias en velocidad de descarga, por lo que todavía se debe mejorar en ampliar la red de fibra óptica y en buscar opciones como la instalación del 5G. La inversión necesaria en este sector es de US$ 24.838 millones.
Otro de los mayores desafíos del país tiene que ver con el acceso al agua. “Nuestras necesidades hídricas aumentan aceleradamente por efecto de la expansión de la población. Las exigencias de mayor calidad de vida, el desarrollo de la agricultura y de la minería crean esta gran expansión de la demanda. Mientras tanto el cambio climático, la contaminación y la falta de cuidado del uso del agua ponen en jaque su disponibilidad a futuro. Si no actuamos oportunamente, mejorando la administración de nuestros recursos hídricos, hipotecamos el bienestar de las futuras generaciones”, dijo al respecto el ministro Fontaine. De esta manera, el ICD plantea la necesidad de invertir US$ 18.254 millones para obras que aseguren el consumo humano y de riego, saneamiento y protección contra inundaciones y aluviones.
Por otra parte, los mayores requerimientos de inversión corresponden a vialidad urbana, con más de US$ 60.000 millones para el decenio 2018-2027, lo que representa el 35% del déficit total. Entre otros aspectos, destacan la necesidad de construir proyectos en las 15 capitales regionales (como el Metro) y la reposición de calles y veredas existentes. Asimismo, vialidad urbana presenta un déficit de US$ 20.343, debido a que la capacidad de las calles –especialmente en la zona centro- está llegando a su límite. “Se hace necesario invertir en las concesiones en operación como también en ejecutar nuevas concesiones, además de mantener la vialidad urbana no concesionada”, afirma el ICD.
Tres sectores que presentan una situación desmejorada en relación a la edición anterior del informe son educación, hospitales y cárceles. El primero de ellos presenta requerimientos por US$ 15.693 millones (en lugar de US$ 10.385 del ICD 2016-2025), basados en la necesidad de aumentar el estándar de superficie de aulas por alumnos (de 1,1 m2 a 2 m2) y de espacios educativos complementarios como bibliotecas, talleres, salas de informática y laboratorios.
En tanto, en hospitales se requiere una inversión de US$ 10.448, debido al alza en los metrajes requeridos por establecimiento y en los costos de construcción. “Esto deja de manifiesto las deficiencias en etapas previas a la ejecución de las obras, como el diseño e ingeniería asociada a estos”, afirman en la Gerencia de Estudios de la CChC. Finalmente, si bien en cárceles los requerimientos de inversión son menores que en otros sectores (US$ 975 millones), se precisa recuperar un déficit por nueva población penal, sobreuso y obsolescencia de recintos, dado que en el período 2013-207 no se habilitó ninguna nueva infraestructura carcelaria.
Alianza Público-Privada
“Para avanzar en la reducción del déficit en infraestructura, urge fomentar la alianza público-privada y la búsqueda de nuevos y mejores métodos de ejecución, más rápidos y más eficientes, potenciando –en los casos que corresponda- el modelo de concesiones, de manera que el Estado se focalice en los ámbitos en que sus recursos sean insustituibles”, dijo Patricio Donoso, presidente (s) de la CChC, en la presentación del ICD.
Al respecto, el gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado, detalló que, del total de la inversión requerida para el período, casi un tercio debe ser provista por el sector privado y otro tercio debe ser entregado en un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado. “Sin esta alianza, mucha de la infraestructura que las personas necesitan simplemente no se podría hacer”, afirmó.
El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, recalcó el compromiso de su cartera en esta materia y resaltó que la Ley de Concesiones “es un instrumento muy flexible que admite asociaciones público-privadas para desarrollar una amplia gama de proyectos de iniciativas públicas o privadas”. Destacó que en los últimos 30 años este sistema ha permitido invertir más de US$ 20.000 millones en cerca de 80 proyectos ejecutados y que en los próximos cuatro años se invertirán cerca de US$ 2.000 anuales por esta vía.
“Las obras públicas son un motor del crecimiento de la capacidad productiva. Cuando están bien evaluadas y ejecutadas, elevan la productividad de la economía, porque nos acercan entre nosotros y nos conectan mejor al mundo”, dijo Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras Públicas.
Edición N°180, Julio 2018
