LA FECHA DEL PLEBISCITO DE SALIDA QUEDÓ FIJADA PARA EL 4 DE
SEPTIEMBRE. LOS CONVENCIONALES AVANZAN CON PREMURA PARA CUMPLIR
CON LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR EL CRONOGRAMA DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL. EN CONCRETO CONVERSÓ CON CONSTANZA HUBE Y AGUSTÍN
SQUELLA, QUIENES EVALUARON EL TRABAJO REALIZADO HASTA AHORA.
Por Ximena Greene
Con 36 años, Constanza Hube fue electa por el Distrito 11 (Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea y Vitacura) en representación del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) de la Lista Vamos por Chile. Estudió Derecho en la Universidad Católica, donde se desempeña como profesora asistente del Departamento de Derecho Público. Trabajó en Carey y Cía. en el grupo de Derecho Público y Mercados Regulados. Desde 2020 integra el Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.
¿Qué temas o aspectos esenciales para usted debe tener la nueva Constitución?
Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Debe haber separación de poderes del Estado, con una clara independencia del Poder Judicial. Además, tiene que haber un Estado al servicio de las personas y no al revés. Y se debe velar por la protección de los derechos fundamentales, especialmente de las libertades.
¿Cómo evalúa el desarrollo que ha tenido el trabajo de la Convención Constitucional en general?
Me parece que ha tenido un muy mal desempeño, donde ha primado el simplismo, el voluntarismo y el revanchismo. La refundación que pretende la mayoría de los convencionales constituyentes está muy alejada de las necesidades de las personas.
¿Qué destacaría de las normas aprobadas en el pleno y que ya se encuentran en el borrador de la Nueva Constitución?
Creo que la única que podría destacar hasta hoy es la norma de no discriminación arbitraria entre las distintas manifestaciones culturales.
¿Hay alguna norma aprobada que crea que tenga que ser mejorada?
Me parece que hay un tema central y que tiene que ver con el separatismo que se pretende para Chile. La plurinacionalidad es como una suerte de mantra de esta Convención Constitucional y si no se limita sus alcances, terminaremos muy mal. Por ahora ya está incorporado en la propuesta de nueva Constitución lo siguiente: autonomías territoriales indígenas con autogobierno; sistemas judiciales indígenas; y Estado plurinacional, entre otras normas. Esto quiere decir que vamos a tener distintas naciones con autonomía en Chile. ¿Cuáles son los alcances de esta norma? Está por verse.
Si pudiera caracterizar a esta Constitución, ¿qué apellido le pondría?
Constitución separatista, indigenista y de la desigualdad. La Constitución indigenista se ve manifestada en el reconocimiento de autonomías territoriales, con autoridades y tribunales propios, entre otras características. La Constitución separatista se ve manifestada en la consagración de varias naciones o países dentro del mismo país. Esto también se refleja en el rechazo a los emblemas nacionales y en el carácter plurinacional de los distintos órganos del Estado, y no solo de los electos. Por su parte, cabe recordar que este proceso partió con la promesa de igualar la cancha, sin embargo, la realidad es que solo se ve desigualdad: desigualdad ante la ley, diferencias étnicas, de hombres y mujeres, diversidades sexuales, etc.
“LA REFUNDACIÓN QUE PRETENDE la mayoría de los convencionales constituyentes
está muy alejada de las necesidades de las personas”.
Constanza Hube:
“Veo difícil que existan certezas
para que haya dinamismo en la economía”
Si pudiera caracterizar a esta Constitución, ¿qué apellido le pondría? Constitución separatista, indigenista y de la desigualdad. La Constitución indigenista se ve manifestada en el reconocimiento de autonomías territoriales, con autoridades y tribunales propios, entre otras características. La Constitución separatista se ve manifestada en la consagración de varias naciones o países dentro del mismo país. Esto también se refleja en el rechazo a los emblemas nacionales y en el carácter plurinacional de los distintos órganos del Estado, y no solo de los electos. Por su parte, cabe recordar que este proceso partió con la promesa de igualar la cancha, sin embargo, la realidad es que solo se ve desigualdad: desigualdad ante la ley, diferencias étnicas, de hombres y mujeres, diversidades sexuales, etc.
¿Qué rol tendrán en la Constitución el sistema económico y la inversión?
Así como van las cosas, veo difícil que existan las certezas suficientes para que haya inversión y dinamismo de la economía. Se debe reconocer el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, rechazado en la Comisión de Derechos Fundamentales, la libertad de emprendimiento regulada por ley pero sin letra chica, expropiación con pago en dinero en efectivo y al contado, entre otros aspectos.
“LA NUEVA CONSTITUCIÓN ACOGERÁ VARIOS
términos nuevos, ajenos a nuestra tradición constitucional, y no hay que
temer a eso si los empleamos correctamente y con claridad sobre su
sentido, alcances y límites”.
Agustín Squella:
“Será una Constitución Transformadora”
Abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Agustín Squella fue electo por el Distrito 7 (Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo), con un cupo independiente en representación de la Lista del Pueblo.
Desde 1990 a 1998 se desempeñó como rector de la Universidad de Valparaíso, institución en la que ejerce como docente hace más de 50 años. Es columnista regular de El Mercurio de Santiago, y colaborador frecuente de El Mercurio de Valparaíso, The Clinic y El Mostrador. En 2009 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Tiempo después participó activamente, tanto a nivel regional como nacional, en los debates previos al plebiscito de octubre de 2020, en los que defendió la opción del Apruebo y la alternativa de una Convención Constitucional elegida íntegramente por sufragio universal.
¿Qué temas o aspectos esenciales para usted debe tener la nueva Constitución?
Los de toda Constitución moderna: organización del poder y división, límites y control de este. Todo ello debe estar de acuerdo con las reglas de la democracia como forma de gobierno. Otros aspectos son derechos y deberes fundamentales, nacionalidad y ciudadanía. Y, a propósito de la democracia, modalidades de democracia directa que acompañen, en el futuro, a nuestra democracia representativa.
¿Cómo evalúa el desarrollo que ha tenido el trabajo de la Convención Constitucional en general?
Momentos altos y bajos. Aciertos y errores. Aceleración y tardanzas. Gritos y susurros. Exceso de emociones y déficit de reflexión. O sea, de todo, como siempre ocurre con las tareas humanas de cierta envergadura. La nueva Mesa Directiva ha mejorado bastante la gestión, pero la mayo ría de los colectivos que se formaron dentro de la Convención parecen seguir sin una conducción clara, fragmentados, y preocupados antes de sí mismos y sus cuotas de poder que de asegurar el mejor resultado del trabajo conjunto que exige una nueva Constitución.
¿Qué destacaría de las normas aprobadas en el pleno y que ya se encuentran en el borrador de la Nueva Constitución?
No soy partidario de ir evaluando norma por norma. Prefiero esperar a que exista un buen conjunto de ellas antes de hacerlo. En esto hay que tener paciencia. Una u otra norma, según parezca a cada cual, puede precipitar opiniones, tanto a favor como en contra, sobre un texto completo que dista todavía de existir.
¿Hay alguna norma aprobada que crea que tenga que ser mejorada?
Varias que están en tramitación y que requieren un trabajo más prolijo de parte de nosotros los constituyentes, de las comisiones y del pleno. Habrá también, en mayo, una Comisión de Armonización que podrá mejorar muchos las cosas. Necesitamos también, con urgencia, apoyo lingüístico experto para mejorar la redacción de las normas ya aprobadas y de las que vendrán en el futuro.
Una Constitución, que es ante todo un documento político, es también un texto que se expresa en un determinado idioma, en este caso el castellano, y es también, cómo no, un texto jurídico que, como tal, demanda el uso de un lenguaje técnico que no puede ser soslayado y menos desdeñado.
Si pudiera caracterizar a esta Constitución, ¿qué apellido le pondría?
Ante todo, será una Constitución transformadora, que es algo más que reformadora y algo menos que una refundacional o que una revolucionaria. Dentro de la Convención, por supuesto, hay fuerzas que querrían una Constitución solo reformadora y otras que intentan darse aires refundacionales. Pero lo que creo que acabará imponiéndose es la dimensión transformadora.
En cuanto a revolucionaria, no lo será en caso alguno, puesto que está elaborándose, y será finalmente aprobada o rechazada, en aplicación no de la fuerza, sino de las reglas de la democracia. En cuanto a palabras, la nueva Constitución acogerá varios términos nuevos, ajenos a nuestra tradición constitucional, y no hay que temer a eso si los empleamos correctamente y con claridad sobre su sentido, alcances y límites.
¿Qué rol tendrán en la Constitución el sistema económico y la inversión?
Una Constitución no tiene por qué consagrar un determinado sistema económico. Basta con fijar ciertos principios (por ejemplo, emprendimiento de actividades económicas lícitas como una de las libertades básicas de las personas) y adoptar o confirmar instituciones (un Banco Central dotado de autonomía frente a los gobiernos, por ejemplo).
En cuanto a la inversión, ella depende de los inversionistas, nacionales y extranjeros, y de que asuman que no pueden seguir exigiendo grados de seguridad y certeza que no son posibles. Quien esté viviendo en el siglo XXI tiene que darse cuenta de que la palabra que más propiamente define nuestro tiempo es “incertidumbre”. Así como quien no quiere tener ni el más mínimo roce físico con otra persona debería pensarlo dos veces antes de dedicarse al fútbol, los inversionistas deberían hacer otro tanto tratándose de la relativa seguridad de sus emprendimientos. De pronto uno tiene la impresión de que en nombre de la seguridad, e incluso de la certeza, algunos inversionistas o empresarios quisieran que el Estado les asegurara un margen determinado de rentabilidad o de ganancias.
