SI BIEN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, MIGRACIÓN, GÉNERO Y
PENSIONES SE HAN TOMADO LA AGENDA PÚBLICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
ELECTORAL, EXISTEN OTROS ASUNTOS IMPORTANTES COMO EL DÉFICIT HÍDRICO Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA LOGÍSTICA, CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A LA VIVIENDA.
SON NECESIDADES QUE HAN RELEVADO LOS DISTINTOS GREMIOS DEL PAÍS Y QUE
HAN SIDO ABORDADOS POR LAS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES.
Por Ximena Greene
DÉFICIT HÍDRICO Y CAMBIO CLIMÁTICO
La tendencia sostenida en la disminución de las precipitaciones, que este año llega hasta el 80% en algunas zonas, está generando que el 70% de la superficie del país esté afectada por la sequía y la desertificación, lo que impacta directamente en la productividad, la biodiversidad y los ecosistemas. Por el contrario, la ascendente demanda hídrica, que está acoplada al crecimiento económico del país, requiere de un marco de acción con el fin de aumentar el acceso al agua potable en las zonas rurales, proteger a la población contra inundaciones y aluviones, y minimizar los daños que la sequía impone a la calidad de vida y a la economía del país.
De acuerdo a Roberto Pizarro, hidrólogo de la Universidad de Talca, casi un 70% del PIB depende del acceso al agua. Por ello es de vital importancia conocer, calcular y evaluar el impacto que tendrá el cambio climático en la economía. “El agua tiene escaso apoyo en investigación científica y tecnológica. En años anteriores, el Estado invertía del orden de un 0,38% del PIB en I+D. Sin embargo, en 2021 esa inversión bajó al 0,34%. Tenemos carencia de conocimiento y sin él no podemos elaborar buenas políticas públicas para dirigir la infraestructura que se necesitará para hacer frente a la incertidumbre climática, mantener la tasa productiva del país y saber si nuestros ecosistemas resistirán o no una menor oferta de agua”, señaló en la última versión del Congreso de Nacional de Concesiones organizado por Copsa en octubre 2021.
Por otro lado, en términos de agua para el consumo humano y el acceso a agua potable, según Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios
(ANDESS), se estima que la industria sanitaria va a necesitar invertir cerca de 10.000 millones de dólares adicionales para el período 2020-2040, con el fin de levantar infraestructura e inversión para nuevas fuentes de agua y aumento de la oferta.
De acuerdo a cifras del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), a pesar de las inversiones realizadas a lo largo de los años, se estima que 420.000 personas en el país aún no tienen agua potable y cerca de 1.500.000 no tiene acceso al saneamiento de sus aguas servidas. Son brechas que marcan una prioridad en cuanto a políticas públicas en relación a infraestructura hídrica.
Si bien frente a un escenario de escasez hídrica, existe consenso en la necesidad de desarrollar infraestructura hidráulica que aumente la capacidad de almacenamiento para garantizar un desarrollo social y productivo sostenible en el tiempo, asegurar la cobertura en el abastecimiento de agua potable y la recolección y tratamiento de aguas servidas compatible con los estándares de países desarrollados, tanto Gabriel Boric, candidato a la presidencia de Apruebo Dignidad, como José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, tienen miradas diferentes al respecto.
UNA NUEVA HOJA DE RUTA
Gabriel Boric asegura en su plan de gobierno, que Chile debe reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Para ello sugiere definir una nueva hoja de ruta, la cual será consagrada en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano y largo plazo y con enfoque en las regiones, la que contempla crear un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático para generar ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras.
En cuanto al acceso al agua, el candidato propone cambiar el modelo de gestión actual para avanzar hacia una gobernanza con carácter sistémico, integrado y descentralizado, con enfoque en las
cuencas y basado en la ciencia. Implementará una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho al agua y el saneamiento, desde donde se creará un Sistema Nacional de Gestión de Aguas que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de administración en sintonía con la naturaleza.
Este organismo tendrá la autoridad de unificar las competencias del Estado en materia de aguas, consolidar un sistema integrado de información, aumentar las capacidades del Estado para fiscalizar y sancionar, planificar intervenciones en los distintos actores en las cuencas y velar por la transición hacia un sistema de licencias de uso de agua sujetas a revisión periódica, de manera que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento para renovarlas o revocarlas.
Por último, en lo que se refiere a la protección de los ecosistemas e I+D, el programa del candidato de Apruebo Dignidad señala que fortalecerá la política de protección de biodiversidad y ecosistemas, con énfasis en la protección y restauración del ciclo hidrológico. También revisará los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales y articulará la investigación académica aplicada en agua, para estudiar soluciones basadas en la naturaleza, gestión de aguas subterráneas y fortalecer el sistema de monitoreo de aguas, generando aplicaciones, tecnología y educación.
DE ACUERDO A CIFRAS
del Consejo de Políticas de Infraestructura
(CPI), apesar de la sin versiones realizadas a lo largo de los años, se estima que
420.000 personas en el país aún no tienen aguapotable y cerca de 1.500.000
no tiene acceso al saneamiento de sus aguas servidas.
EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
El candidato José Antonio Kast, en cambio, señala que el medio ambiente es la principal fuente de recursos del país. Por lo tanto, su disponibilidad y sustentabilidad constituyen una prioridad para toda la comunidad. Es por ello que el desarrollo económico y la protección medioambiental deberían ser consideradas fuerzas complementarias.
Propone generar un nuevo Código de Aguas que refuerce el concepto de distribución proporcional del recurso en épocas de sequía y así fortalecer la regulación para un óptimo aprovechamiento cuando se produce escasez. Con ello se busca asegurar no solo el abastecimiento de agua potable, sino también el caudal ecológico y el uso de todos aquellos que poseen derechos, sean aguas subterráneas o superficiales.
También sugiere incentivar la explotación de aguas subterráneas, recurso que actualmente se encuentra subutilizado por falta de información y gestión gubernamental, y fomentar la recarga artificial de acuíferos, estrategia poco desarrollada en el país.
Por último, así como existen planes reguladores para las ciudades y usos de suelo, el candidato a la presidencia, sugiere regular las actividades silvoagropecuarias, promoviendo un uso conforme a los recursos hídricos disponibles. Con ello busca desincentivar la ganadería y plantación de especies de alto consumo hídrico en regiones o provincias con baja oferta de recursos superficiales o subterráneos, y así mejorar la eficiencia en conducción y uso del agua en sectores productivos, disminuyendo pérdidas asociadas a actividades humanas.
ACCESO A LA VIVIENDA Y EQUIDAD TERRITORIAL
Según el último Catastro de Campamentos de TECHO-Chile, 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. En comparación con el Catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 2019, estos resultados significan un aumento del 73,5% en la cantidad de familias, y de un 20,8% en el número de campamentos, lo que muestra la crisis de acceso a la vivienda que hay en Chile.
Por otro lado, según el “Balance de Vivienda y Entorno Urbano” de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cerca de 425.000 familias viven allegadas y con algún nivel de hacinamiento. Y de
acuerdo a los datos del Ministerio de Desarrollo Social, poco más de 15.000 personas viven en situación de calle en el país, lo que representa un aumento de 114% en los últimos 15 años.
“Tenemos que buscar todos los mecanismos posibles para aumentar el número de soluciones que se le dan a las familias de ingresos bajos y medios. Esto va no solo con aumentar los subsidios, sino también en mejorar la configuración de la vivienda y buscar otras soluciones como el arriendo”, señalaba Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC, en la Semana de la Construcción 2021.
De acuerdo al documento Construyamos Juntos de la CChC, que busca ser un aporte frente a problemáticas sociales de relevancia con un conjunto de propuestas y líneas de acción para enfrentar el desafío de construir un mejor país, el Índice de Acceso a la Vivienda presentado por el gremio evidenció que en Chile la vivienda se ha vuelto “severamente inalcanzable”, y el factor que más incide en este fenómeno es el aumento del precio del suelo, tal como lo ha señalado el Banco Central.
Frente a este escenario, la CChC ha propuesto una serie de iniciativas que tienen por objeto rediseñar los instrumentos de la política habitacional, para ofrecer soluciones a los distintos tipos de hogares que conforman el déficit habitacional. Así también promueve la construcción de viviendas industrializadas que, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos, permitirían aumentar significativamente la generación de viviendas y así acelerar su entrega.
Sin embargo, proveer de soluciones habitacionales no es el único tema que se deba resolver en el corto plazo. Hoy nueve de cada diez personas prefieren vivir en un centro urbano para estar más cerca de su actividad laboral, de los servicios de salud, educación y alimentación, tendencia que se agudizará en las próximas décadas y que plantea enormes desafíos en la forma en cómo se planifica el crecimiento de las ciudades.
En este contexto, el CPI señala en su documento “Una política de infraestructura para proyectar Chile al futuro (2022-2026)”, que hoy el país tiene una oportunidad para repensar las ciudades y disminuir las brechas sociales que se han hecho más visibles después de la crisis social y la sanitaria. Para ello propone un plan basado en cuatro líneas principales: la habilitación de terrenos para responder al déficit de vivienda, focalizar la inversión en la superación de las brechas urbanas; priorizar infraestructura que construya equidad territorial; y consolidar una reactivación sostenible aportando a la construcción de sistemas urbanos resilientes.
MAYOR ACCESO, MAYOR OPORTUNIDAD
El candidato José Antonio Kast sugiere en su plan de gobierno, un equilibrio de largo plazo en las urbes, donde se genere una distribución equitativa de recursos, con oportunidad de trabajo y
calidad de vida en todas las regiones del país. Para ello plantea la posibilidad de incorporar el desarrollo de ciudades intermedias sustentables y resilientes, capaces de brindar a sus habitantes oportunidades laborales, económicas y educacionales, con ambientes sanos, buena calidad de vida y que resguarden el suelo agrícola y los recursos naturales.
Su propuesta busca garantizar el acceso universal a la vivienda para grupos excluidos como personas en situación de calle, migrantes en situación regular y grupos estancados. “La migración ilegal desatada y el enorme impacto de la pandemia ha provocado un enorme aumento en los campamentos a lo largo de Chile. De esta forma, la pobreza extrema ha aumentado considerablemente y es urgente que este objetivo no quede desplazado de la agenda pública y como gobierno nos comprometernos a ponerlo como una urgencia fundamental”, señala el documento.
También plantea establecer una mejora en los programas de vivienda social e integración urbana, con el objeto de integrarla a la ciudad en su totalidad, y así promover la libertad de elección de acuerdo con las preferencias del ciudadano en cuanto a tipologías de servicios, trabajo y relaciones familiares y sociales, evitando así la formación de guetos, estigma y discriminación.
Por otra parte, Kast anuncia la generación de un Programa Estatal de Subsidio al Arriendo, desde el cual se impulsará un nuevo plan para la provisión de departamentos y viviendas sociales de arriendo subsidiado que elevará la disponibilidad. Así se impulsará el desarrollo de un programa moderno y competitivo, de propiedad del Estado, administrado a través de concesionarias y, por tanto, sujeto a la competitividad de su gestión. Además, se dará mayor impulso un programa similar en el sector privado el que ya existe, pero que no ha tenido mayor éxito.
Por último, se habilitarán terrenos fiscales céntricos, hoy sin uso, licitando estos a empresas para la construcción de proyectos habitacionales que incluyan departamentos o viviendas estatales destinadas al arriendo subsidiado. De esta forma, se proveerán opciones habitacionales en sectores urbanos ya consolidados, bien servidos e integrados, a la vez activando los centros urbanos y de economía a través de la generación de empleos.
LA CChC HA PROPUESTO
una serie de iniciativas que tienen por
objeto rediseñar los instrumentos de la
política habitacional, para ofrecer soluciones
a los distintos tipos de hogares que
conforman el déficit habitacional.
CIUDADES, VIVIENDA Y TERRITORIO
De acuerdo al programa del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, su principal enfoque estará en una nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda. Plantea un proceso de transición desde el actual sistema único de financiamiento de vivienda en base a la asignación de subsidios hacia un modelo que ponga en el centro la gestión de viviendas y barrios diversificando las opciones de producción, financiamiento y tenencia, para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. “Esta política se basa en una gestión descentralizada, participativa y sustentable de proyectos urbano-habitacionales, que introduzca una perspectiva de cuidados, resguardando la función social de la propiedad y de nuestro territorio como soporte de la vida en sociedad”, señala el el documento.
Se establecerá un Plan de Emergencia Habitacional, desde donde el Estado tendrá un rol activo en la adquisición de suelo urbano, facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, redes de apoyo, adecuación cultural, proyectos y ciclos de vida. Para ello propone robustecer el Banco de Suelo Público con permutas y transferencias directas de suelo fiscal que cuenten con norma urbana vigente.
También se buscará impulsar el arriendo a un precio justo que entregue seguridad de tenencia desde un enfoque de derechos humanos, mejorando la capacidad de ahorro de los hogares y la flexibilidad para cambiar de vivienda de acuerdo con las distintas realidades laborales, familiares y de cuidados. Para esto se destinarán recursos a los municipios que permitan financiar al menos 5.000 viviendas anuales en esta modalidad, utilizando inicialmente los instrumentos vigentes y realizando las adquisiciones o transferencias de suelo respectivas.
Con respecto a los campamentos, Boric señala que priorizará una respuesta nacional, digna y ágil, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada. Al mismo tiempo, durante la gestión de soluciones definitivas, el candidato buscará asegurar el acceso a servicios básicos inmediatos como agua potable, alcantarillado, electricidad e internet y elaborará planes maestros integrales de radicación en terrenos aptos que incorporen visión de ciudad, ordenamiento territorial, urbanización, vivienda digna y una cartera de inversión plurianual y multisectorial.
Por último, a través del Plan de Emergencia Habitacional, se pretende reducir en un 40% el déficit actual, generando 65 mil viviendas al año desde el sector público.
LOGÍSTICA, CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA RESILIENTE
Para la CChC, la infraestructura es uno de los motores que impulsa el desarrollo de las personas, las comunidades, los territorios y los países. A su vez, con respecto a la Movilidad interurbana, las cifras del gremio señalan que desde mediados de los años 90 se ha producido un importante mejoramiento de las vías gracias a la construcción de más de 2.500 kilómetros de autopistas de nivel internacional. Sin embargo, persiste un importante déficit de caminos pavimentados: el 76% de la red vial nacional (casi 65.000 kilómetros) está aún sin pavimentar.
En relación al sistema portuario del país, la navegación ha sido poco utilizada como medio de transporte de pasajeros, pero la marina mercante cumple un rol estratégico, transportando el 95% de la exportaciones e importaciones, por lo que hacer frente al aumento del tamaño de las naves y de los volúmenes de carga son los principales desafíos en este ámbito.
En este contexto, de acuerdo al CPI, Chile se ubica en el lugar 32 del ranking mundial de desempeño logístico, destacando entre los más eficiente de Latinoamérica en los últimos años. No obstante, aún se encuentra a una distancia de los países referente de la OCDE. “Los modos de transporte que colaboran positivamente en el ranking son la infraestructura para el transporte en carreteras y la infraestructura portuaria. Sin embargo, una buena logística no es solamente una herramienta para ser más eficiente lo que tenemos hoy, debiera facilitar también el pleno despliegue de las oportunidades”, señala este organismo.
De acuerdo a Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), los principales puertos de Chile están con tasas de continuidad operacional bastante bajas con respecto a los estándares internacionales. Esto se debe principalmente a las marejadas, lo que le cuesta del orden de US$ 300 millones a la industria portuaria, aumentan los costos del comercio exterior y le resta competitividad al país.
“Entre 2030 y 2040, una buena parte de los principales puertos de Chile van a hacer llamados a concesión nuevamente. En ese sentido es importante recalcar la necesidad de revisar los planes de
inversión en los puertos, ya que los que existen hoy fueron hechos antes de ver los efectos del cambio climático. El llamado es a invertir considerando obras de abrigo relevantes, pero también la implementación de nueva tecnología que permitan darle una mayor capacidad operativa a los puertos del país”, señaló Fernández en el Congreso de Infraestructura de Copsa.
UNA AGENDA AMBICIOSA
José Antonio Kast conforma una ambiciosa agenda de inversiones para puertos, aeropuertos, cárceles, hospitales, embalses y carreteras a lo largo de todo el país, mediante la cual se generaría un polo de inversión privada de recuperación económica y desarrollo estratégico. Para ello sugiere crear una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que revise grandes proyectos de gobiernos pasados y presentes, conformada por miembros independientes y expertos en diversas áreas para evaluar factibilidad, costos y proyecciones de las políticas públicas a implementar.
Por otra parte, buscará mejorar la conexión de la zona sur y austral así como la renovación y el fortalecimiento de la red ferroviaria como mecanismo de integración al interior del país. También propone el Plan de Pavimentación Rural, coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, en los caminos de orden terciario a fin de acelerar la productividad predial y la reconversión productiva de los habitantes rurales.
DESDE MEDIADOS DE
los años 90 se ha producido un importante
mejoramiento de las vías gracias a la
construcción de más de 2.500 kilómetros
de autopistas de nivel internacional. Sin
embargo, persiste un importante déficit
de caminos pavimentados: el 76% de la
red vial nacional (casi 65.000 kilómetros)
está aún sin pavimentar.
CON MIRADA PARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZADA
Desde el programa de Boric, en cambio, buscarán impulsar obras públicas desde una nueva institucionalidad de planeamiento, con una mirada interministerial, descentralizada y participativa para el desarrollo, financiamiento y administración de las necesidades territoriales, dentro de un nuevo marco de acción que traslade a la ciudadanía y los territorios los beneficios económicos de la inversión en infraestructura.
Plantea desarrollar una política ferroviaria en las macrozonas centro y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción. Al mismo tiempo, sugiere asegurar la calidad y seguridad en la conectividad interregional con énfasis en el desarrollo territorial justo y la resiliencia. Así, se promoverá la elaboración de planes de conectividad nacional, inter e intrarregional de alto estándar desde Arica hasta Quellón, así como la integración de proyectos y obras para la conectividad austral.
Por último, propone desarrollar obras para optimizar el sistema logístico nacional, potenciando el ferrocarril de carga, centros de integración intermodal, mejoramiento de accesos a los puertos y pasos internacionales.
