Álvaro García es el presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, un organismo público-privado que está llevando a cabo el proyecto «Institucionalidad de Diálogo Territorial». La iniciativa busca presentar a la autoridad una propuesta para que, a través del diálogo de los distintos actores que se ven afectados o participan en un gran proyecto de inversión, se disminuyan los conflictos ambientales y sociales y se acelere la construcción de infraestructura productiva.
Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Vivi Peláez
Parte de los problemas económicos que tiene el país radican en la falta de proyectos de infraestructura productiva. Entre 2014 y 2016 la inversión extranjera directa en Chile cayó 50% y las inversiones catastradas en 2016 para los próximos cinco años bajaron 5,2% en relación a lo contemplado en 2015. Por otra parte, el desarrollo de proyectos de inversión se ha ido complejizando, con períodos de aprobación que se extienden, en promedio, durante cuatro años y una alta conflictividad. Desde la década de los ‘90, 49 megaproyectos han esta- do envueltos en controversias.
Para Álvaro García, algunas de las razones que explican que todo ello ocurra son la falta de una mirada común sobre el desarrollo del territorio y la escasez de instancias que apoyen y promuevan el diálogo entre los actores involucrados en la realización de grandes proyectos. Ingeniero comercial, doctor en economía y ex ministro de las carteras de Economía, Energía, Secretaría General de la Presidencia, entre otros cargos públicos, García es hoy el presidente ejecutivo de la Alianza Valor Minero, una institución de carácter público-privado que busca representar los intereses del sector y asegurar el cumplimiento hacia 2035 de la Agenda Estratégica “Minería: una plata- forma de futuro para Chile”, presentada por el Gobierno en diciembre de 2014.
Es en este contexto que la Alianza Valor Minero desarrolla, impulsa y coordina la iniciativa “Institucionalidad de Diálogo Territorial”, financiada a través del Fondo de Inversiones Estratégicas del Ministerio de Economía. El proyecto trasciende al rubro de la minería; por ello, participan en su directorio instituciones públicas, de la sociedad civil y privadas transversales, entre las cuales está la Cámara Chilena de la Construcción.
El objetivo central consiste en diseñar y entregar, a mediados de 2018, una propuesta de política pública que permita ordenar la relación entre las comunidades locales, las empresas y el Estado en torno a los gran- des proyectos de inversión. “Se orienta a facilitar la inserción territorial de proyectos de rubros como energía, minería, forestal, infraestructura e inmobiliario, que explican el 86% de la inversión total de Chile. Si queremos mover la aguja del crecimiento, el foco tiene que ponerse acá”, dice García.
DIÁLOGOS TEMPRANOS
Para Álvaro García, una de las principales dificultades que está teniendo la inversión en Chile, particularmente en los grandes proyectos de inversión, es la conflictividad socioambiental y la falta de mecanismos claros para resolverla. Fue por ello que Valor Minero le planteó al Gobierno la idea de formar esta nueva institucionalidad.
¿Cuáles son los objetivos de “Institucionalidad de Diálogo Territorial”?
El primero es reducir los tiempos de trámite de los grandes proyectos de inversión, sin afectar la calidad de la labor pública en supervisar que se cumpla con la normativa vigente. Un gran proyecto de inversión en Chile se demora alrededor de cuatro a cinco años en ser aprobado. En cambio, en países que han creado instituciones como la que estamos promoviendo, los tiempos se redujeron a dos años. Eso es lo que estamos bus- cando implementar: crear una oficina de grandes proyectos que supervise el proceso de otorgamiento de permisos para asegurar que se cumpla con los plazos.
La segunda dimensión tiene que ver con que estos grandes proyectos se han encontrado con una alta oposición socioambiental. Hay muchos que están detenidos por conflictos con el entorno del territorio donde ellos operan. Algunos, además, pasan a ser judicializados posteriormente. Nuestro diagnóstico es que eso ocurre porque la comunidad, los gobiernos locales y la ciudadanía que habita en torno a ellos, los conoce muy tardíamente y en un momento en que les es difícil incidir en la forma en que se van a implementar.
Por lo tanto, debe haber una institucionalidad de diálogo para que los grandes proyectos de inversión conversen con su entorno -organizaciones sociales, productores, el gobierno local- a lo largo de su ciclo de vida. No se trata de hacerlo solo a través de la consulta ambiental y de la consulta indígena como hoy mandata la ley, sino desde una fase más temprana para que los actores que están alrededor al proyecto puedan incidir en él desde un comienzo y a lo largo de su ciclo de vida, con el objetivo de que los proyectos lleguen a acuerdos de valor compartido con su entorno y por esa vía logren promover el desarrollo del territorio donde operan.
Esta dimensión considera también un mecanismo de solución de controversias para que, de haber diferencias entre los actores, ojalá evite la judicialización de los proyectos.
¿El diálogo con las comunidades en el desarrollo de proyectos no debiera quedar resuelto en el Estudio de Impacto Ambiental?
Una de las cosas que descubrimos es que el grueso de la conflictividad se generaba a raíz de la consulta ambiental, pero que los temas que la suscitaban no eran ambientales. Y, por lo tanto, nos dimos cuenta de que, por una parte, había que anticipar la consulta para que no terminara en un conflicto. Un segundo tema del que nos dimos cuenta es que había que no solo hablar de daño ambiental, mitigación y reparación, sino también de cómo distribuir los beneficios que traía la inversión. Hasta el momento, tanto la consulta indígena como la ambiental solo se focalizaban en el daño y no en el beneficio. Por lo tanto, la institucionalidad que estamos creando atiende el daño a través de la consulta indígena y ambiental, pero también trae a la mesa de conversación los beneficios de los proyectos y cómo se distribuyen.
¿En qué consiste la propuesta que entregarán al Gobierno el año 2018?
Tiene cinco dimensiones. Una es la institucionalidad que cobija el proceso de diálogo y que hace coherente la consulta indígena, la consulta ambiental y esta consulta socioeconómica que proponemos, para construir acuerdos de valor compartido. Consiste en cómo debe ocurrir ese proceso de diálogo, quién es el responsable de impulsarlo, quiénes participan y a qué compromisos se llega.
Un segundo módulo es un sistema de resolución de controversias. Todos estos proyectos de inversión tienen largos períodos de ejecución. Pueden llegar hasta los cien años, por lo tanto, es casi cierto que en algún momento van a encontrar diferencias con los actores. Para evitar la judicialización, lo que estamos proponiendo es crear un mecanismo de mediación y arbitraje que resuelva esas controversias.
La tercera parte consiste en la creación de un fondo que financie todo este sistema, considerando aspectos como las personas que facilitan el diálogo, los que median o arbitran las controversias, quienes evalúan el cumplimiento de los compromisos que se adquieren y aquellos que proveen información imparcial. Todas estas tareas actualmente se desarrollan en Chile y son financiadas por las empresas que ejecutan los proyectos, pero generan desconfianza en los otros actores que concurren al diálogo. Porque si la información la provee la empresa, el resto de las personas puede decir que está distorsionada o si el facilitador del diálogo es funcionario o es financiado por la compañía que realiza el proyecto, también genera desconfianza en los otros. Por lo tanto, la idea es que exista un fondo público que financie estos servicios y que sea independiente.
El cuarto módulo del proyecto es un sistema de certificación de las capacidades de estas personas. Hoy día en Chile existen múltiples empresas que proveen estos servicios (facilitadores, proveedores de información, mediadores), pero no hay nadie que evalúe y certifique la calidad del servicio que provee.
Y, por último, estamos elaborando un índice de calidad del diálogo que permita ir evaluando los procesos e ir aprendiendo de la experiencia para ir perfeccionando las instituciones que vamos a sugerir en esta propuesta.
¿Qué figura tendrá la institucionalidad que saldrá de la propuesta?
Eso es parte del diseño en el que estamos trabajando, pero me imagino una institucionalidad pública como otras que existen. Hoy el grueso del esfuerzo de consulta ciudadana está bajo el Ministerio del Medio Ambiente. Las consultas ambiental e indígena ocurren bajo el sistema medioambiental con pocas capacidades a lo largo del territorio para hacerlo. Yo me imagino que la institucionalidad que vamos a terminar proponiendo va a tener un asentamiento regional más sólido, porque el grueso de estos proyectos de inversión ocurre en el territorio y es allí donde los diálogos deben hacerse.
“Nuestra propuesta se orienta a facilitar la inserción territorial de proyectos de los principales rubros productivos del país. Si queremos mover la aguja del crecimiento, el foco tiene que ponerse acá”.
Actualmente, la iniciativa está realizando un plan piloto en Sierra Gorda, ¿en qué consiste?
Junto al diseño del proyecto, estamos haciendo pilotos para probar la institucionalidad que estamos promoviendo. El más importante es en Sierra Gorda, donde hoy día confluyen tres grandes proyectos de expansión minera por alrededor de US$10.000 millones, que van a tener un gran impacto en el territorio. Ya se constituyó una mesa de diálogo que está implementando esta metodología que queremos hacer extensiva a todo el país.
¿Qué debiera suceder una vez entregada la propuesta?
Esperamos que el Gobierno la haga suya. Nosotros hemos trabajado mucho con este Gobierno, pero vamos a terminar entregándosela al próximo. Por lo mismo, hemos estado trabajando con representantes de distintas corrientes políticas y de diferentes intereses para que, cuando se concluya la propuesta, esta llegue avalada por una enorme cantidad de actores y eso incremente la viabilidad de ser implementada.
¿Cómo se integraría con la legislación vigente?
Los Estudios de Impacto Ambiental y la consulta indígena van a seguir existiendo y van a ser parte integral de este sistema que estamos definiendo. Un desafío central es cómo hacer coherente las consultas ambiental, indígena y socioeconómica bajo un solo sistema.
¿Se podría haber aplicado este sistema, por ejemplo, a lo que sucedió con los rellenos sanitarios en Til-Til?
Por supuesto. Un sistema de diálogo de este tipo debiera ser parte muy importante de los procesos de evaluación ambiental estratégica, que debieran haber anticipado el ordenamiento territorial que tuvo Til-Til. El hecho de que no haya existido explica por qué sucedió lo que pasó ahí. El problema de esta comuna hoy es que concentra una enorme cantidad de actividades que, evaluadas una a una como lo hace el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), podrían no ser dañinas, pero la suma de todas juntas evidentemente afecta a la población. El SEIA no está diseñado para atender ese problema, que lo debió haber atendido la Evaluación Ambiental Estratégica que supone períodos de consulta ciudadana. Por lo tanto, cuando se haga una Evaluación Ambiental Estratégica esta nueva institución va a ser muy importante.
Edición N°171, Septiembre 2017
