El rechazo al proyecto minero Dominga el año pasado es solo un ejemplo más de las 37 iniciativas que obtuvieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable durante 2017. En su conjunto, estas propuestas representan US$ 12.601 millones de inversión. Diversos expertos señalan que situaciones como esta reflejan la complejidad de un sistema que necesita modernizarse de manera urgente.
Por Ximena Greene
En los primeros días a cargo de la cartera de Medio Ambiente, la ministra Marcela Cubillos manifestó su intención de reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para ello se basaría en las propuestas elaboradas en 2015 por la comisión asesora presidencial respectiva, convocada por la ex presidenta Michelle Bachelet y que generó 25 sugerencias de modificaciones al sistema.
De acuerdo con Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción y quien participó en dicha instancia, el trabajo elaborado logró diversos consensos, pero hasta la fecha no se ha aplicado ninguno de ellos, debido a lo complejo del tema.
Según el informe trimestral de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), tanto los montos de inversión como la cantidad de proyectos aprobados han mostrado una caída persistente desde el segundo trimestre de 2012. En el último caso, la tendencia solo se revirtió incipientemente el tercer y cuarto trimestres de 2017, período en el cual se aprobaron 201 iniciativas. Sin embargo, a pesar de este aumento, las cifras siguen estando muy por debajo del decenio 2006-2016, donde se aprobaba un promedio de 200 proyectos en cada período de análisis.
Según Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la CChC, la caída en los montos de inversión en los últimos años se explica principalmente por bajas expectativas económicas y también por la falta de certeza jurídica. «En la medida en que las condiciones no estén dadas, tanto en temas económicos como en materia de tramitación, esos proyectos se van a ir otros lados. Las iniciativas de inversión importantes se postergan a la espera de mejores oportunidades», señala.
Sin embargo, llama la atención también la cantidad de proyectos que no fueron aprobados. Toda la inversión rechazada durante el año pasado representó el 52% de los US$ 24.302 millones que han obtenido una negativa de la autoridad desde que comenzó el sistema de evaluación ambiental en 1992. “No puede ser que todos los proyectos estén mal presentados. Hay que evaluar profundamente cuáles son los motivos detrás de cifras como estas», alerta Carlos Piaggio.
Algunos de los proyectos más importantes en términos de inversión que no obtuvieron luz verde en 2017, son las centrales eléctricas Fotoelectricidad el Loa, Trébol Solar Copiapó y la etapa III del Parque Eólico Lebu. Solo la primera de ellas, que consistía en la instalación y operación de una planta termosolar y una central fotovoltaica emplazada en una superficie de 3.900 hectáreas en la comuna de Calama, consideraba una cuantiosa inversión de US$ 6.500 millones.
CERTEZA JURÍDICA
Para Javier Hurtado, una de las razones que explicaría esta caída en el promedio de los proyectos aprobados se debe a que el SEIA ha perdido su objetivo de fondo. «Creo que en sus inicios la finalidad de la ley ambiental era que el sistema fuera un instrumento para que los proyectos cumplieran con proteger el medio ambiente, ya sea por la vía de mitigar los impactos ambientales o, en su defecto, buscar mecanismos de compensación cuando estos no fueran posibles de mitigar. Así, gran parte de los proyectos que ingresaban obtenían una calificación positiva porque el proceso servía para ir adaptando la postulación hasta que cumpliera con los requerimientos básicos de la normativa», explica.
Sin embargo, el ejecutivo de la CChC cree que con el tiempo el SEIA cambió su visión y empezó a transformarse en una especie de filtro, dejando de lado su objetivo inicial. «Fue tanto lo que el sistema se fue complejizando, que incluso hoy una RCA favorable no tiene ninguna validez, porque basta que alguien judicialice el proyecto para que lo paralicen», afirma.
Para Javier Irarrázaval, economista de la CPC, la certeza de los proyectos está en juego. «La incertidumbre es muchas veces lo que derrumba la inversión potencial», señala. Y explica que cuando se habla de los costos que ha tenido la politización y judicialización de los proyectos de inversión, junto a la saturación del SEIA para su tramitación, rara vez se incluye el valor en términos de la inversión potencial que simplemente no se informó, porque la incertidumbre hizo que el proyecto cayera antes de nacer.
«NO» TEMPRANO, «SÍ» DEFINITIVO
Antes de asumir, la futura ministra Marcela Cubillos explicaba que la petición del Presidente Sebastián Piñera de reformar el Servicio de Evaluación Ambiental, pasaba principalmente por modernizar y fortalecer el SEIA y procurar que el proceso de calificación fuera riguroso, científico y técnico, de tal manera que una respuesta negativa fuera hecha a tiempo y una positiva se hiciera en forma definitiva.
Para Javier Hurtado, la declaración de la ministra es vital para comenzar a hablar de los cambios que habría que introducir al sistema y es justamente uno de los primeros puntos que generó un amplio consenso mientras participaba en la comisión asesora presidencial. «En ella establecimos que había que definir un criterio ex-ante para los medianos y grandes proyectos. Este podía ser un proceso temprano de participación ciudadana o consulta pública, anterior a que el proyecto entrara al sistema, de manera que hubiera un consenso previo de ciertos temas, para que se fueran cerrando en etapas más bien tempranas en las que ya no fuera sea posible volver a atrás”, comenta.
Y es que, para el gerente de Estudios de la CChC, el «no» temprano y el «sí» definitivo deben apuntar a la entrega de certezas jurídicas, de tal forma que el inversionista sepa con seguridad si su proyecto es posible y que el sistema no se transforme en un cuello de botella sin solución.
Este mismo criterio fue propuesto en un informe elaborado por Valor Minero, institución público-privada presidida por el economista Álvaro García, y a cuyo directorio la ministra Cubillos es una invitada permanente. El documento establece la participación temprana de todos los actores en los procesos relacionados con la tramitación e inserción de un gran proyecto en un territorio, desde la obtención de los permisos hasta la relación entre el Estado, las empresas y la comunidad.
“Hoy una resolución de calificación ambiental favorable no tiene ninguna validez, porque basta que alguien judicialice el proyecto para que lo paralicen», afirma Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC.
AJUSTES NECESARIOS
Con respecto a qué otras medidas debieran implementarse para mejorar tanto la labor del Servicio de Evaluación Ambiental como la ejecución del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los expertos entregan distintas opiniones.
Para Javier Irarrázaval, uno de los ajustes necesarios para que el SEA responda de manera adecuada y eficiente a las nuevas exigencias del escenario social, tiene que ver con despolitizar tecnificar los pronunciamientos de las autoridades sectoriales, acotar los plazos de evaluación y revisar las duplicidades e inconsistencias regulatorias.
Carlos Piaggio, en tanto, opina que se debe crear una suerte de oficina de Grandes Proyectos, donde se agilicen todos los trámites asociados a iniciativas de gran magnitud. En ese sentido, rescata la propuesta del Ministerio de Economía, que en marzo presentó un comité de coordinación interministerial para destrabar proyectos de inversión, conformado por las carteras de Energía, Minería, Bienes Nacionales y Agricultura. Su objetivo es organizar esta nueva Oficina de Grandes Proyectos (OGP), justamente para conectar a los distintos ministerios con las grandes intenciones de inversión en los próximos años, con el fin de destrabarlos.
«La tarea de la OGP es preocuparse de que los tiempos se cumplan, para que el inversionista sepa que este es un proceso que va a demorar seis meses, uno o dos años, y no tenga incertidumbre respecto de si ha presentado todo en tiempo y forma», explicó en marzo pasado Michelle Labbé, jefa de asesores del ministro de Economía, José Ramón Valente.
El objetivo es revisar 220 obras que implican un monto aproximado de US$ 78.000 millones, de las cuales 44% se refiere a proyectos de minería, 20% a infraestructura, 15% a energía, 15% a industria y 6% al sector inmobiliario.
Para Hernán Brücher, director ejecutivo del SEA, el proyecto del Gobierno para fortalecer el SEIA y evitar que se transforme en un espacio de discusión de políticas públicas ambientales, incluye temas legales y otros en los que es necesario mejorar la gestión interna. Entre ellos, se incluye fortalecer equipos, realizar mejoras en el clima laboral, entregar certezas jurídicas a las comunidades y a los inversionistas, y también mejorar los plazos.
«El rol del SEA es administrar el SEIA y, como tal, contribuir al desarrollo sustentable, asegurar una calificación ambiental transparente, técnica y eficiente en coordinación con los organismos del Estado, fomentando y facilitando la participación ciudadana en los procesos de evaluación. Siempre hay espacios de mejora y en eso estamos trabajando», concluye Brücher.
«El rol del Servicio de Evaluación Ambiental es administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, como tal, contribuir al desarrollo sustentable, asegurar una calificación ambiental transparente, técnica y eficiente en coordinación con los organismos del Estado”, dice Hernán Brücher, director ejecutivo del SEA.
Edición N°178, Mayo 2018
