La presidenta del Instituto de la Construcción habla sobre el rol de este organismo y de su importancia para mejorar los estándares de sustentabilidad, calidad y productividad en la edificación de obras. A su vez, destaca los beneficios de la asociación público-privada en el rubro constructivo.
Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Vivi Peláez
A mediados de 2017 la arquitecta Verónica Serrano Madrid llegó a encabezar el Instituto de la Construcción (IC) hasta el año 2019, para colaborar en este organismo con su amplia experiencia. Tiene una dilatada trayectoria en el sector público, donde se desempeñó como secretaria ejecutiva del directorio de Obras Bicentenario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y como directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Además, desde hace siete años ha ocupado diversos cargos en empresas del Grupo SalfaCorp.
Hoy su nuevo desafío se vincula directa- mente con la mejora de los estándares de la construcción en Chile. El IC es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, que fue formada hace 21 años por las principales instituciones públicas y privadas del ámbito de la construcción, entre las cuales se encuentra la CChC. “Es un espacio muy atractivo y particular, porque convoca en un mismo lugar a los ministerios que realizan infraestructura en Chile, como el Minvu y el MOP, y a los gremios vinculados al mundo de la construcción, los colegios profesionales y las universidades que tienen estudios y experiencia en este ámbito. El sentido del IC es, desde estos sectores, realizar un aporte para el mejoramiento de todo lo que tenga que ver con la construcción en nuestro país, sobre todo en calidad, sustentabilidad y productividad”, explica Verónica Serrano. Se trata, en resumen, de ir generando mejoras continuas en todos estos aspectos.
Una de las áreas en las que se ha destaca- do el Instituto de la Construcción desde su formación, ha sido en su aporte en propuestas de normas y en el desarrollo de manuales para la construcción. “Los ministerios podrían hacer sus propias normas, pero cuando se realizan entre el sector público y el privado, se conciben no solo para cumplir con un objetivo específico, sino también con la preocupación de cómo se van a implementar y con los resguardos para que no se vean alterados los procesos”, comenta la presidenta del IC.
Entre los hitos del Instituto destacan la elaboración de la reglamentación térmica para las viviendas, los cambios normativos para acondicionamiento sísmico de los edificios, el diseño de las bases del proyecto DOM en Línea (que modernizará los trámites de permisos en las Direcciones de Obras Municipales) y la confección de la Certificación Edificio Sustentable, un sistema nacional que permite evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile, tanto nuevos como existentes. En total, ya se han certificado más de 90 establecimientos y solo en 2017 50 edificios aprobaron el proceso.
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Gracias a estas propuestas, el Instituto de la Construcción ha mostrado ser una productiva alianza entre organismos públicos y privados.
Dada la experiencia del IC, ¿cuál es la importancia que le asigna a la cooperación público-privada?
Me parece de la mayor trascendencia. Habiendo estado dentro del sector público y ahora en el privado, he tenido la oportunidad de ver cuáles han sido las sinergias que se pueden generar cuando trabajamos en conjunto y las barreras que se forman cuando no lo hacemos. En definitiva, tenemos un propósito común desde distintos intereses legítimos, pero que si los trabajamos en conjunto puede derivar en que las cosas se hagan más rápido y más eficiente, con menos riesgo y más transparencia.
La colaboración público-privada va más allá de las concesiones…
En todos los ámbitos, no solo en el de las concesiones. Todos tienen una capacidad de proponer y una experiencia que aportar. En el caso del sector público hay deberes concretos. Y en el sector privado hay una energía y una capacidad de ejecución, de desarrollo y de hacer propuestas que no tiene lógica que vaya
por carriles separados. Tiene muchas más ventajas que esos carriles se alineen y es fácil hacerlo cuando se descubre la misión común. Y, en este caso, la misión del Instituto de la Construcción es mejorar todos los procesos vinculados a la productividad, la sustentabilidad y la innovación en el ámbito de la construcción.
¿Cuál es la situación de esta cooperación público-privada en el rubro de la construcción?
Ha tenido una historia que, en nuestro caso, se extiende por 20 años. Pero esa historia se puede ver incrementada mucho más. Un ejemplo: el Gobierno lanzó el programa “Construye 2025” de Corfo, que busca reducir en un 20% los costos de producción y aumentar en un 20% las edificaciones sustentables, entre otros objetivos. Con eso, ya hay dos universidades -la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica- que están formando sus centros tecnológicos para hacer ejercicios físicos y evaluar distintas metodologías, materialidades y comportamientos en el ámbito de la sustentabilidad y productividad. Eso es cooperación público-privada también, porque están involucrados la academia, el Estado y empresas.
¿Por qué es importante esta colaboración en la actualidad?
Estamos ante la ocurrencia de fenómenos que nos amenazan con mayor frecuencia cada vez, por motivos como el cambio climático, la sobreurbanización de algunos lugares y la obsolescencia de normas. Entonces, para minimizar las pérdidas y para proteger vidas humanas debiéramos trabajar en forma mancomunada.
¿Cuáles son los desafíos de la construcción de cara al futuro?
Uno de los desafíos importantes es que estos temas no deben estar aparejados a los ciclos políticos. Estos son cortos y lo que importa es tener una mirada de largo plazo, donde estos valores -sustentabilidad, productividad, calidad e innovación- debieran prevalecer.
Pero quizás el aspecto más importante tiene que ver con la productividad. Porque este ámbito se ve entrampado entre incorporar tecnología y adecuar los procesos normativos que tenemos. A veces se puede acelerar una construcción, gracias a la incorporación de tecnología, pero si la velocidad de tramitación del proyecto se desacopla, no tiene sentido que se agilice el proceso constructivo.
¿Qué es lo más urgente que debe abordar el rubro en la actualidad?
A título personal, puedo decir que tenemos un desafío bastante grande respecto de alinear los marcos normativos, lo que nos tiene complicados para el desarrollo de las ciudades y de la infraestructura. Tenemos un déficit respecto del impacto en la sustentabilidad con la que estamos desarrollando nuestras obras. Debemos ser capaces de incorporar nuevos procedimientos y materialidades.
“Los contratos siempre pueden tener eventualidades, por lo que el punto está en cómo se manejan para que impacten lo menos posible en el desarrollo de la obra y se resuelvan los conflictos en forma ecuánime, transparente y rápida”.
CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA
Este año, la CChC, el MOP y el Instituto de la Construcción firmaron el “Acuerdo Público Privado para el Plan de Acción 2017-2023 del Centro de Innovación para la Infraestructura – CII”. Este define acciones de corto, mediano y largo plazo en tres ámbitos: la promoción del desarrollo de la innovación en torno a desafíos comunes del sector de la construcción, la incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión de infraestructura nacional y la optimización de los mecanismos y herramientas contractuales, orientados a alcanzar una mayor eficiencia y productividad en la gestión de la infraestructura pública del país.
“En el Centro de Innovación para la Infraestructura estamos conversando sobre cómo podemos trabajar en forma previa un sistema de resolución temprana de conflictos. Los contratos siempre pueden tener eventualidades, por lo que el punto está en cómo se manejan para que impacten lo menos posible en el desarrollo de la obra y se resuelvan los conflictos en forma ecuánime, transparente y rápida. Eso significa hacer algunas adecuaciones a las normas y a los sistemas de contratación”, dice al respecto Verónica Serrano.
¿Este acuerdo significa una reactivación del Centro de Innovación para la Infraestructura?
El Centro de Innovación para la Infraestructura, del cual el IC forma parte, se constituyó en 2010, pero no tuvo el impacto que se hubiera querido en su inicio. Este acuerdo es una reactivación y es bien sintomático que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, haya ido a firmar el convenio a la oficina del Instituto, con la idea de reforzar el rol del acuerdo público-privado. El Centro de Innovación es una comisión permanente que va a estar evaluando y asistiendo al MOP respecto de temas de innovación y sustentabilidad para la infraestructura.
¿Qué factores se dieron para este impulso?
Varios. Por ejemplo, el programa “Construye 2025” da la señal de que el sector público está más abierto y que el clima es más propicio para que se genere este trabajo público-privado. Hoy día los temas de innovación y sustentabilidad están invocándonos fuertemente. Y también el MOP ha hecho un esfuerzo bien grande respecto de una agenda de modernización (Papel del MOP). En este contexto, ha visto que no tiene sentido hacerla solo mirándose a sí mismo, porque impacta en la sociedad y tiene proveedores de servicios, como constructoras y consultoras. Por lo tanto, esa remirada a sí mismo también tiene que ver con mirar cómo se desempeñan los otros que interactúan permanentemente con él.
Edición N°175, Enero 2018
