Con frecuencia, las noticias con mayor cobertura tienen que ver con la seguridad ciudadana, como la exposición cotidiana a episodios violentos o actos delictuales. Los hechos de violencia en el sur, las protestas de los viernes en la Plaza Italia y un clima de polarización han aumentado la sensación de inseguridad en los ciudadanos.

Lo describe así el Índice Nacional 2021 de la Fundación Paz Ciudadana, que mide el impacto de los delitos en las familias de Chile, la evaluación de la ciudadanía frente a las instituciones y autoridades y la percepción de seguridad de las personas. Según este informe, la victimización subió con respecto al año 2020. En la actualidad, dos de cada 10 personas tienen un alto grado de temor por la situación del país.

Para Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, existe una percepción de inseguridad, que no necesariamente se condice con los niveles de delito que se presentan. “Hay una pérdida de confianza y una falta de legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad. Si bien los delitos están disminuyendo en cantidad, el daño que están produciendo no está disminuyendo de la misma manera, incluso podría estar aumentando”, señala.

En opinión de Johnson, esto se puede deber a que la vuelta a la normalidad tras el encierro provocado por las cuarentenas, ha traído consigo que se vuelva a prestar atención a este tipo materias. Plantea la necesidad de avanzar en una política de prevención integral que involucre a los distintos actores del mundo público y privado. “Hay que impulsar la Reforma Policial para promover una policía con mayor capacidad y basada en el respeto a los Derechos Humanos. También hay que fortalecer el capital social de vecinos y vecinas en los territorios que han sido abandonados por el Estado. Se debe aumentar la presencia de este, en términos de frecuencia, focalizar los recursos donde se concentra el mayor daño y propiciar políticas de reinserción social en infractores de ley”, advierte.

Las víctimas de la violencia piden más presencia del Estado, tanto para prevenir como para buscar responsables. Es lo que entregan en sus testimonios tres ciudadanos que relatan cómo han sufrido este fenómeno en carne propia.

Daihanna Pereira
“Mi marido era todo para mí”

DAIHANNA PEREIRA, CASADA HACÍA TRES AÑOS CON EL
CABO SEGUNDO DE CARABINEROS EUGENIO NAIN Y MADRE
DE DOS HIJOS, SE ENTERÓ CON UN RETRASO DE MÁS DE
12 HORAS DE QUE SU MARIDO HABÍA MUERTO EN UN
OPERATIVO EN MEDIO DEL CONFLICTO MAPUCHE. HOY,
17 MESES DESPUÉS DEL CRIMEN, PEREIRA Y SU FAMILIA
CONTINÚAN PIDIENDO JUSTICIA.

La mañana del 30 de octubre de 2020 será una que Daihanna Pereira no olvidará. Su marido y padre de sus dos hijos, el cabo segundo Eugenio Nain Caniumil, salió temprano a un operativo dispuesto por Carabineros por disturbios y manifestaciones en la Ruta 5 Sur, a la altura del puente Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, Región de la Araucanía. Registros en video de ese día muestran cómo la patrulla se detuvo ante una barricada, cuando un grupo de sujetos desconocidos comenzó a disparar en contra de los policías que se bajaron del vehículo. Uno de los disparos impactó al cabo Nain, quien fue trasladado al Hospital de Temuco, donde murió horas más tarde.

Hoy, casi 17 meses después de ocurrido este hecho, su viuda Daihanna Pereira aún busca respuestas. Dice que la justicia ha sido lenta, que no ha hecho todo lo que está en sus manos y que, “aunque la fe es lo último que se pierde”, muchas veces piensa que nunca encontrarán a los asesinos de su marido.

Hasta la fecha, solo se ha logrado la detención de una de las personas vinculadas al asesinato del suboficial mayor Nain, quien recibió un ascenso póstumo por sus servicios al país. “Eugenio amaba su trabajo y murió haciendo lo que le gustaba, pero no hay quien me saque de la cabeza que el operativo donde estaba mi marido iba poco preparado y que nadie, ni una autoridad, ha sido capaz de dimensionar el nivel de daño que buscan estos terroristas, porque eso son: terroristas, delincuentes y narcotraficantes. No creo que haya alguien, ni en el Gobierno, ni en Carabineros, que pueda encontrar ahí una solución”, reflexiona la viuda.

El 12 de enero de este año, Daihanna Pereira se dirigió a la entonces conocida como “Moneda Chica”, junto a otras víctimas de la delincuencia, con la intención de entregarle al entonces presidente electo, Gabriel Boric, una carta. Su objetivo era buscar apoyo para la Ley Nain, que castiga y endurece las penas para quienes comenten violencia en contra de Carabineros. Con un poco de suerte, el mandatario electo los recibió.

“Le conté lo que día a día pasa allá en nuestra zona. Le hable del miedo, la desesperanza y las ganas que tienen muchos chilenos de salir arrancando del lugar donde viven, donde han criado a sus familias y han hecho su vida, porque no saben lo que puede pasar”, relata. “Le pedí que no bajaran los brazos y siguieran buscando a los asesinos de mi marido, pero también que no se olviden de las víctimas, porque salvo Carabineros, el Estado se olvidó de mí”, afirma.

Cuenta que hasta hoy la única institución que se ha preocupado de ella y sus dos hijos, uno de siete y una de un año y medio, ha sido Carabineros. “Ellos son los únicos que me han acompañado y se han preocupado de que no nos falte nada”, comenta. El Presidente Gabriel Boric le aseguró que seguirían con la búsqueda de los demás culpables del crimen de su marido, lo cual le dio ciertas esperanzas a Daihanna. Pero mantiene dudas sobre lo que pueda pasar.

“Me he juntado con varias personas, diputados, senadores, autoridades locales, he ido a la televisión, a la radio y he hablado en los diarios, pero al final siento que nadie me escucha. En esta pelea estoy sola”.

Hace unos meses, Daihanna Pereira, en conjunto con otras víctimas de violencia, se reunieron para impulsar y presentar la iniciativa popular de norma constitucional “Primero las Víctimas”, que buscaba, entre otras cosas, que el Estado garantice el derecho a vivir sin miedo, en donde se pongan primero los derechos de las víctimas y no los de los victimarios, y que los delincuentes tengan prisión efectiva y dejen de ser un peligro para la sociedad. Sin embargo, a pesar de haber contado con un amplio apoyo popular, fue rechazada en la comisión y no llegó a ser discutida en el pleno.

“Yo sé que nadie me va devolver la vida de mi marido, pero lo que quiero es honrarla. Quiero que los que sean culpables paguen, que no vuelvan a salir a la calle y que no tengan beneficios. Quiero que la Ley Nain les entregue a los carabineros el resguardo y la protección que necesitan para hacer su trabajo tranquilos, y quiero que mis hijos vivan en un lugar tranquilo, sin miedo, donde no sientan el desamparo del Estado y la justicia funcione”, concluye.

Raúl Moya
“El sistema no funciona”

EL 28 DE FEBRERO SE CUMPLIÓ UN AÑO DE LA MUERTE DE
TAMARA MOYA, UNA NIÑA DE CINCO AÑOS QUE RECIBIÓ
UN BALAZO CUANDO SU MADRE ERA VÍCTIMA DE UNA
ENCERRONA EN LA COMUNA DE HUECHURABA. DESDE ESE
TRÁGICO DÍA, SU PADRE, RAÚL MOYA, NO BAJA LOS BRAZOS
EN LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS POR PARTE DE LA JUSTICIA.

Las vacaciones ya casi terminaban y faltaban pocos días para que Tamara Moya entrara al colegio. Los días todavía eran calurosos y Camila Almonacid decidió ir junto a su hija a una parcela familiar en Casablanca a pasar el día. Cerca de las nueve de la noche del 28 de febrero de 2021, las dos emprendieron rumbo a Santiago cuando, a minutos de llegar a su hogar en la comuna de Huechuraba, un grupo de delincuentes intentó robarle su auto.

A pesar de que Camila reaccionó muy rápido, mientras se bajaba del automóvil escuchó un tiro. Uno de los delincuentes había disparado en contra de Tamara, quien iba en el asiento trasero en su silla de protección. La bala que ingresó cerca del estómago fue mortal.

Desde entonces, la vida de Raúl Moya, padre de la menor, cambió de manera muy brusca. “Cuando pensaba en algo trágico decía ‘¿qué sería de la Tamara si me pasara algo?’, nunca el escenario inverso: ‘¿qué sería de mí si mi hija no estuviera’? Y aquí estoy. Vivo todos los días con un problema que no tiene solución”, afirma.

A pesar de que dos de los tres autores del crimen de Tamara hoy se encuentran detenidos y el tercero murió pocos meses después en otra encerrona, Raúl siente que no se ha hecho justicia. “Uno no se explica qué es lo que hay que hacer para que estos criminales no vuelvan a salir a la calle. Es realmente indigno,” señala.

Los jóvenes involucrados en el caso, dos mayores de edad y un menor, acumulaban en conjunto más de 20 órdenes de detención el día del asesinato de Tamara, y aún así estaban en la calle. “El sistema no funciona. La rehabilitación y la reinserción son solo una ilusión. Todos estos sujetos estuvieron detenidos por otros delitos. Incluso cuando eran menores de edad estuvieron en centros del Sename por hechos violentos y salieron a la calle y volvieron a lo mismo.Entonces, da la impresión de que las terapias y los tratamientos que les dan en estos centros no funcionan. Tienen un 0% de efectividad”, afirma Raúl.

Sin embargo, no baja los brazos. Se reúne con autoridades, conversa con otras víctimas, da palabras de aliento a quienes lo están pasando mal y ayuda a emprendedores que necesitan una mano para salir adelante. “No me puedo rendir. Si bien esto es algo que deja de rodillas a cualquiera, no soy de la idea de hundirme. Quiero cumplir con las cosas que me he propuesto como llegar al final del juicio y llevar a buen puerto la Ley Tamara”, relata.

La Ley Tamara corresponde a una reforma constitucional que modifica el Código Penal, para agravar e incrementar las penas de los delitos que sean cometidos contra niños y niñas, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Pocos meses después del crimen de Tamara, esta iniciativa ingresó a la Cámara Baja y luego al Senado, debido al carácter de suma urgencia que le dio el Presidente Piñera durante su mandato. Si bien el proyecto todavía está en discusión, Moya es optimista de que pronto verá la luz.

Junto a otras víctimas de la violencia, Raúl Moya encabezó de manera muy proactiva la iniciativa de propuesta de norma constitucional “Primero las Víctimas”, para que la Convención Constitucional garantice el derecho a la seguridad ciudadana y que el Estado tenga la prioridad de proteger a todas las personas. “No es posible que el Estado de Chile invierta más recursos en
los delincuentes que en las víctimas”, afirma Moya. “A veces me da la impresión de que, como la víctima ya está muerta, ya no es sujeto de interés para la justicia, y estas otras personas sí. Buscan a toda costa su rehabilitación y reinserción”, enfatiza.

En enero de este año, Raúl, en compañía de otras víctimas de violencia de los últimos años, se reunió con el entonces presidente electo, Gabriel Boric. “Fue una reunión corta, pero siento que nos escuchó, y aunque me comentó que no existe ningún gobierno en el mundo que haya acabado con los homicidios, a lo que le encontré razón, le pedí que en Chile no haya más homicidios de reincidentes. Ese sería su gran legado”, recuerda Moya.

Carlo Siri
“La etapa del diálogo se acabó”

UBICADO EN EL CORAZÓN DE LA HOY CONOCIDA COMO
ZONA CERO, EL POPULAR RESTAURANTE FUENTE ALEMANA,
REBAUTIZADO COMO ANTIGUA FUENTE, ES UNO DE LOS POCOS
QUE HA LOGRADO SOBREVIVIR A LA ENORME CANTIDAD DE
EMBATES PRODUCIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. A LOS
HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS LUEGO DEL ESTALLIDO
SOCIAL, SE SUMAN LA DELINCUENCIA Y EL TOTAL ABANDONO
QUE VIVE ESTE CLÁSICO BARRIO DEL CENTRO DE SANTIAGO.

“De 100 a 10. Así tanto cayeron mis ventas luego del 18 de octubre de 2019”, recuerda Carlo Siri, uno de los miembros de la familia dueña del famoso restaurante La Fuente Alemana. El local hoy existe bajo el nombre Antigua Fuente y, tras meses de no poder funcionar por las protestas y luego por la pandemia y las cuarentenas, este año ha logrado abrir sus puertas de manera más regular.

En términos del negocio, cuenta Carlo que estos últimos años han sido un desastre. “Con la caída en las ventas tras el 18-O, con suerte podíamos pagar los gastos fijos. Tuvimos que bajar los sueldos casi a la mitad, porque hasta ese momento todavía teníamos algunas propinas. Después vino la pandemia y no nos quedó otra que cerrar”, recuerda.

Sin embargo, a pesar de que ahora las medidas sanitarias son un poco menos restrictivas, las ventas no han podido repuntar. “La culpa la tiene el gobierno”, señala Siri de forma enfática. “Ellos no han sido capaces de controlar el tema de la violencia y la delincuencia que vivimos a diario aquí en la Zona Cero. Y no hablo solo de Plaza Italia. Hoy no se puede caminar tranquilo, ni de día ni de noche, en todo lo que es el sector del Parque Forestal, el barrio Bellas Artes, los alrededores de Lastarria e incluso Bellavista. Es una lástima lo que hicieron aquí”, afirma.

Ante la pregunta de si alguna vez pensó en cerrar el local y abrir en otro lugar, Carlo es honesto. “Pienso en eso día por medio, pero cerrar no es una alternativa. Aquí trabaja gente hace más de 40 años. Algunos ni siquiera habían terminado el colegio y esta humilde pega les dio para comprarse una casa y educar a sus hijos en la universidad.

Tengo un compromiso con ellos también”, cuenta. Pero afirma que si no se logra reestablecer el Estado de Derecho en las calles de Santiago para que haya una atmósfera de progreso en la zona, él y su familia se verán obligados a cerrar e instalarse en otra parte. “Y eso es lo que más rabia me da. No es posible que gente trabajadora como nosotros seamos los que tengamos que pagar por la inoperancia del Estado, el que no ha sido capaz de cumplir con algo tan básico como lo es la seguridad”, agrega.

Al igual que Daihanna y Raúl, Carlo también participó de la iniciativa de propuesta de norma “Primero las Víctimas” y se reunió con el presidente electo en enero pasado. Sin embargo, para el empresario el tiempo del diálogo ya se agotó. “La suma del lucro cesante de algunos locales emblemáticos de la zona supera los $ 700 millones, por lo que las acciones tienen que empezar al tiro. El plan de reconstrucción de la zona es al tiro. Si van a hacer reparaciones que sean reales. Tienen que llegar con cosas concretas y claras, porque esto no se arregla con dos chauchas”, señala.

Con respecto al rechazo de la norma, Siri es tajante: “Nuestra propuesta se rechazó, porque los convencionales constituyentes no hicieron la pega”. “El Estado debe hacerse responsable de cosas tan simples como la seguridad ciudadana. Tiene todas las herramientas. Lo que pasa en la Convención Constituyente es que no se han puesto a pensar en qué es lo que provoca el desarrollo. Lo que se necesita es paz y tranquilidad, y eso es algo que hoy no están buscando garantizar. Y yo me pregunto, ‘¿de qué sirven todas las ‘libertades’ que han aprobado si vivimos en un país convulsionado por el narcotráfico y la delincuencia?’. Pues no sirven de nada”, afirma Siri.

Hoy Carlo y su familia están concentrados en el futuro. Su idea es “salvar el local como puedan” y comenzar la búsqueda de un nuevo espacio en caso de que tengan que irse del centro de Santiago. Poco a poco han vuelto a la regularidad y sus clientes más fieles están comenzando a reaparecer. Aunque todavía vive con miedo y temor, al igual que todos sus vecinos del barrio, están trabajando en conjunto para que sus negocios no sigan quebrando y que la Zona Cero vuelva a ser un lugar seguro y con una atmósfera de tranquilidad donde todos puedan desarrollarse de manera económica, intelectual y espiritual.